POR J. ESTÉVEZ ARISTY 

 La ausencia de espacios públicos y privados utilizables para el parqueo de los vehículos, es un problema nacional que ha sido patrocinado por la carencia de una política objetiva y clara contentiva de una correcta planificación urbana a tono con el desarrollo poblacional y comercial del país y los requerimientos de los nuevos tiempos.

   La ausencia de túneles y elevados en el interior de la República Dominicana, refleja también los glaucomas de nuestros últimos gobernantes y la miopía de sus partidos políticos.

  Aquí no se planifica nada ni se fija una postura sería sobre los problemas que revientan nuestra endeble agenda nacional.

   Recuerdo que una vez en Casa de Campo puse a gaguear a Leonel Fernández delante de varios periodistas romanenses y del poeta Rafael González, justo cuando le pregunté de la postura del Comité Político del PLD sobre el problema haitiano. Titubeó el líder dominicano porque no podía admitir que la máxima dirigencia del PLD no había unificado criterios en ese aspecto.

   Las alcaldías municipales y las Juntas distritales duermen siesta profunda ante la existencia de esta problemática vehicular, como si nada les importara y su interés fundamental sólo fuera recoger basuras, tapar hoyitos y levantar perros muertos.

   Muchas de estas instituciones se enfrentarán dentro de poco a este rollo urbano que plantea desafíos urbanísticos sagaces.

   Sin embargo, el cretinismo administrativo que sufren estos rectores de oficinas gatuneras, no les permitirá ni les permite planificar nada puntual de cara al presente y al devenir del tránsito y sus graves implicaciones sociales.

    El gobierno también cabecea, babeando desinterés sobre la existencia de un mal generador del caos vehicular en provincias modelos de nada, en todos los municipios cabeceras de provincias de nuestro país y en algunos puntos geográficos secundarios.

   Y es que hoy por hoy cualquier ciudadano, contrario a la década del setenta, ochenta y hasta la de los noventa, se puede montar en dos o cuatro ruedas con la facilidad que da el ahorro familiar o individual, el crédito bancario, las financieras, los prestamistas mobiliarios y hasta los usureros.

   Ello implica un aumento desproporcionado del parque vehicular en todo el territorio nacional que debe preocupar a nuestros sonámbulos rectores de la cosa pública.

   Imagínense que los elevados y los túneles, en pleno apogeo del telescopio James Webb, sólo se han concentrado en Santiago y la ciudad capital. ¡Qué estrabismo social y mental, Dios mío!

    Contacten, amigos lectores, que el metro no existe ni siquiera en Santiago de los caballeros, tampoco en Puerto Plata, La Altagracia ni en La Romana, ciudades dizque turísticas y de gran flujo vehicular, pese a sus pujanzas económicas y a sus efervescencias urbanas.

   Imagínense, en fin, que no existe un tren que atraviese el país de extremo a extremo y ponga a Punta Cana con acceso a las provincias fronterizas y viceversa para beneficio ampliado de la población.

   En cuanto a los parqueos se refiere, hay que reestructurar la obsoleta dictadura urbana que sólo sirve para inspirar un nacionalismo recalcitrante y fuera de tono.

    Muchas edificaciones gubernamentales, además de templos y centros comerciales de los años de Matusalén, habrán de ser demolidos para dar paso a estructuras modernas con parqueos subterráneos o laterales, donde se descongestionen las calles y se despeje la contaminación ambiental.

   Muchos solares urbanos deberían ser declarados de utilidad pública, cada tres kilómetros de distancias uno de otro, para ser utilizados como parqueos públicos al servicio del descongestionamiento de las saturadas vías de tránsito de Santo Domingo y otras provincias de meneo económico.

    Los municipios en combinación con la Digesett, deben ser dotados de flotillas de grúas para montar en su cama todo vehículo mal estacionado y que perturba la libertad de tránsito, imponiendo una multa de 5 mil tululús a los propietarios de estos medios de transporte estacionados en el sitio incorrecto.

    Por su parte, los motoconchos y motores restantes, públicos y privados deben ser dotados de lugares específicos de estacionamientos, partiendo primero de una ley que sancione de manera rigurosa a los manejadores de dos ruedas que violen las disposiciones legales trazadas en ese sentido.

    Hileras de casas y apartamentos deben ser demolidos con resolución imperial para ampliar calles, convertir una vía en dos vías y para que muchas arterias se conviertan en avenidas, no sin antes pagarles a sus dueños un justo precio por sus propiedades inmobiliarias perturbadoras.

   Si no se actúa hoy con visión objetiva y futurista, los tapones urbanos serán dentro de un tris tan anchos y largos que será mejor ir a pie a los lugares cercanos y hasta a los lejanos, dejando los vehículos frisados en los garajes, pero el transeúnte inhalando monóxido de carbono a troche y moche ante el aumento, también in crescendo, de los problemas pulmonares, del cáncer y de otras enfermedades colindantes provenientes del caos montado en dos o en cuatro ruedas.