Tras concluir sus argumentos de cierre, el Ministerio Público en su dictamen so­licitó a los jueces del Pri­mer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional con­denar a 10 años de prisión a dos de los implicados en el caso Odebrecht, tres a cinco años y uno a siete.

Los fiscales de la Procu­raduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (PEP­CA) pidieron al tribunal, presidido por Gisell Mén­dez, condenar al empresa­rio Ángel Rondón y al exmi­nistro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Na­cional de Agua Potable y Al­cantarillados (INAPA), Víc­tor Díaz Rúa, a 10 años de prisión más el pago de 200 salarios mínimos.

El equipo de fiscales que encabeza Wilson Camacho solicitó al tribunal, que in­tegran además Tania Yu­nes y Yisell Naranjo, conde­nar a siete años de prisión a Conrado Pittaluga.

En cuanto al ex senador Tommy Gálan, al expresi­dente del Senado Andrés Bautista y a Roberto Rodrí­guez, también exdirector del INAPA, que sean sen­tenciados a cinco años de prisión y al pago de 200 sa­larios mínimos cada uno.

Fiscal Mirna Ortiz

Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la PEPCA, solicitó también al tribunal que declare el decomiso a favor el Estado de cientos de bienes millonarios de los seis imputados, ente ellos apartamentos en torres, solares y villas en distintos puntos del país.

Además, cuentas bancarias en dólares y pesos, certifi­cados de inversión, bonos y otros tipos de productos fi­nancieros y que se revoque la medida de coerción.

Al concluir con el cierre del discurso final, Ortiz, expre­só que llegó la hora de de­mostrar que los delitos de cuello blanco obtienen san­ción en el país y que las cár­celes no son solo para los desposeídos.

“El Ministerio Público ha cumplido la promesa que hizo cuando inició el cono­cimiento del proceso, de que demostraría, más allá de la duda razonable, que los implicados en el proce­so iban a obtener la sanción por los hechos cometidos”, acotó.

Consideró que muchos pensaron que el Ministe­rio Público no llegaría a este momento y que in­cluso lo criticaron, sin em­bargo están en el tribunal con la misma fuerza del primer día y la convicción de una condena, al señalar que han demostrado que la acusación se sustenta en pruebas veraces, legales y que inequívocamente con­ducirán a una condena.

Dijo que el Ministerio Pú­blico está convencido de que quienes sustraen fon­dos públicos merecen ser sancionados de forma ejemplar

Imputados.

Ahora corresponderá el turno a la defensa de los implicados de hacer sus conclusiones y pe­ticiones de descargos a las juezas que compo­nen el tribunal.