CAGUAS, PUERTO RICO.- Andrea Ruiz Costas relató por vídeoconferencia a la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, en términos inequívocamente claros, el infierno que atravesaba: un hombre con el que había tenido una breve relación sentimental, Miguel Ocasio Santiago, amenazaba con publicar imágenes íntimas que extrajo de su teléfono, la acechaba en el trabajo, en el estacionamiento, merodeaba su casa y hasta lo había visto en una gasolinera cercana a su residencia.

“Obviamente, tenía miedo porque él no la dejaba en paz”, relató la fiscal de distrito de Caguas, Aracelys Pérez. “Era una joven muy inteligente, muy articulada, que sabía lo que estaba narrando, que es la que presenta prueba, es la única testigo de sus hechos”, agregó la fiscal.

La jueza Alvarado Rodríguez desestimó el caso. Eso ocurrió el pasado 26 de marzo. Un día antes, Ruiz Costas, de 35 años, había solicitado una orden de protección contra el hombre. La jueza Sonya Nieves decidió no expedirla, sino citar a ambas partes a una vista el 31 de marzo.

• Luego de esos dos reveses, Ruiz Costas se rindió. No quiso saber más del sistema judicial. Poco más de un mes después, el hombre al que fue a denunciar la mató y quemó su cuerpo en un paraje solitario en Cayey, según su propia confesión.

“Ella me dijo: ‘no sé qué más hacer, no sé qué más puerta tocar’. Todas las puertas se le cerraron. Nadie la escuchaba. Ella estaba pidiendo ayuda a gritos”, dijo a El Nuevo Día una amiga de Ruiz Costas, que prefirió que no se le identifique.

Lo que pasó en corte está actualmente bajo investigación de la Oficina de la Administración de Tribunales por orden de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, quien separó a las juezas Alvarado Zayas y Nieves de atender casos de violencia de género y declaró que los tribunales tienen “un rol indispensable e indelegable de frenar la violencia, brindar seguridad a sus víctimas y sancionar a los agresores”.

Esas expresiones le ganaron ayer una censura de la Unión Independiente de la Sociedad para la Asistencia Legal, cuyo presidente, Rubén Parilla, dijo que las afirmaciones “laceran tremendamente el derecho constitucional de toda persona a un juicio justo e imparcial”.

La Asociación Puertorriqueña de la Judicatura también criticó el proceder de Oronoz. “Ordenar una investigación contra una jueza por ejercer la discreción que le otorga el puesto al cual fue nombrada, sin concederle un ápice de debido proceso a esta funcionaria, resulta en un ataque a la dignidad de la toga que representa nuestra profesión”, dijo el presidente del organismo, el juez Carlos Salgado.

“Por otro lado, retirar a un magistrado de la sala que preside y para la cual ha recibido adiestramientos especializados, por tomar una decisión antipática y para la cual nadie ha solicitado revisión, infringe el principio de independencia judicial que los Cánones de Ética Judicial promulgan”, agregó el juez. (El Nuevo Día, Puerto Rico)