El pacto migratorio mundial elaborado por Naciones Unidas (ONU) será rubricado hoy en la ciudad marroquí de Marrakech en medio de numerosas ausencias de países receptores y la baja representatividad de los otros países que rubricarán el primer documento mundial en la materia.

Países que son sobre todo receptores de emigrantes (Australia, Italia, Bulgaria, Austria, Hungría, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Suiza, Estonia, Lituania, Israel o la República Dominicana) anunciaron que no adoptarán el texto y no asistirán a la cita de Marrakech, un hecho que compromete la relevancia del evento.

Los principales argumentos que avanzan estos países es que el acuerdo, pese a su carácter no vinculante, puede generar compromisos políticos en detrimento de la soberanía de los Estados; además de que no establece una diferencia entre migrantes regulares e irregulares.

Las retiradas comenzaron el año pasado con Estados Unidos que se desmarcó del proceso de elaboración del pacto -consensuado en junio de 2017 tras 18 meses de intensas negociaciones- con el argumento de que contiene cláusulas que no son acordes con la política migratoria del presidente Donald Trump.

La Misión de Estados Unidos ante la ONU acusó en un comunicado ayer a la organización de tratar de promover a través de este pacto “la gobernanza global a expensas del derecho soberano de los Estados a controlar sus sistemas de inmigración”.

Según los organizadores de la cumbre de Marrakech, dos tercios de los 193 países miembros de la ONU asistirán a la cumbre de Marrakech pero con diferentes grados de representatividad, de los que se destaca la presencia de al menos dos jefes de Estado africanos y algunos líderes europeos como la canciller alemana, Angela Merkel, o el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, entre otros, además del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Chile no firmará
El Gobierno de Chile decidió restarse de la cumbre del Pacto Mundial para la Migración. Según un documento elaborado por la subsecretaría del Interior que ayer difundió el diario El Mercurio, desde el Ejecutivo advirtieron una serie de diferencias con la iniciativa, que busca proteger los derechos humanos de las personas que salen de sus países de origen a buscar nuevos horizontes.