POR FERNANDO FERNÁNDEZ DUVAL

Desde mediados de abril, el gobierno de Daniel Ortega, está siendo atacado por protestas violentas generalizadas de estudiantes universitarios, empresarios, intelectuales liberales y sectores de clases medias, que amenazan con llevárselo entre las patas de los caballos.

Al parecer, el gobierno de Ortega navegaba  viento en popa con la mar tranquila después de haber ganado las elecciones del 6 de noviembre del 2016 con el 70% de los votos,  hasta  el 18 de abril de este año, después de aplicar una serie de reformas  al sistema de seguridad social, ya que este  había entrado en un déficit insostenible que fue creciendo progresivamente hasta noviembre de 2017,  alcanzando 2,182.6 millones de córdobas, previéndose, de acuerdo al FMI,  el agotamiento de sus reservas para 2019.

La reforma incluyó un aumento del 0,75% (del 6.25 al 7.0%) de la contribución del INSS por parte de los empleados y un 2% (del 19 al 21%) por parte de los empresarios a partir de julio próximo. La aportación de los empleados aumentaría hasta llegar al 22.5% en 2020. Así mismo la reforma prevé una reducción de 5% en las pensiones, monto con que los jubilados ahora tendrán que contribuir al seguro social. De esta manera, el gobierno sandinista pretende garantizar los derechos a una seguridad social para la población menos favorecida mediante la distribución de las responsabilidades entre las empresas y los trabajadores.

Los sindicatos Frente Nacional de Trabajadores (FNT) y la Unión Nacional de Empleados apoyaron la reforma orteguista, mientras que la patronal Consejo Nacional de la Empresa Privada (COSEP) la rechazó, asegurando que no contaba con consenso y presentó un recurso de amparo para revertirla.

Cuatro días  después, el 22 de abril, el presidente de Daniel Ortega revocó la reforma al sistema de seguridad social, que originó las protestas y que inmediatamente cambió el eje que motivaron   las mismas, convirtiéndose luego en rechazo al gobierno  por represión social, abuso de fuerza pública, violencia física, amenazas verbales, secuestros y  asesinatos por parte de fuerzas paramilitares, la renuncia y sometimiento a la justicia al presidente de la República y su esposa, Rosario Murillo.

Como puede verse, las demandas para la revocación de la reforma de seguridad social en apenas cuatro días desbrozaron la agenda social para colocarse en el campo de la acción política.

¿Qué pasó en Nicaragua, que después de Ortega y Murillo haber ganado las elecciones a un año y siete meses de forma contundente, el gobierno haya perdido tanto apoyo por haber tomado una medida que en el fondo buscaba beneficiar a la mayoría de la población nica, universalizando la seguridad social?

Muchos analistas, tratando de responder esta pregunta guía, sustentan variadas tesis que intentan explicar el problema.

La primera de las cuales sostiene que alrededor del orteguismo se venía incubando una crisis de de sectores liberales del sandinismo, que todavía estaban con el gobierno y que comenzó hacer aguas con la elección a la vicepresidencia de la República de Rosario Murillo, esposa del presidente Ortega y que finalmente estalló como un petardo.

Otra segunda tesis sostiene la idea de que hubo una ruptura de la alianza del orteguismo con la cúpula empresarial y el clero católico, representada por el COSEP y los obispos, cuando el presidente Ortega decidió implantar la reforma.

La tercera de las tesis, menos indulgente que las dos anteriores, afirma que las protestas tienen su origen en el descontento de la población nicaragüense ante la subida de precios de algunos bienes de la canasta básica ocasionada en el agotamiento de su modelo económico, que parece haber sucumbido como consecuencia de la crisis de la economía venezolana, especialmente con la limitación de PetroCaribe para financiar la factura petrolera a los países miembros, como es el caso de Nicaragua.

Una cuarta tesis, esboza la conspiración de Estados Unidos y de la derecha nicaragüense contra el gobierno sandinista, insuflando y apoyando a sectores violentos para crear caos e ingobernabilidad,  que al final de la jornada  termine expulsando del gobierno a la pareja Ortega-Murillo y al grupo sandinista en el poder, tal como señalan Sandino Asturias y Everest Wong, quienes sostienen que las protestas nicaragüenses siguen el mismo patrón  del golpe suave de Gene Sharp, puesto en práctica en países como  Argelia, Egipto, Siria, Libia y más recientemente en Venezuela y que en Nicaragua se valen del descontento de fracciones de clase media y de una parte de la clase  obrera y campesina y el empresariado tradicional, vinculado en el pasado al somocismo.

Sin embargo, aceptar de forma unilateral la explicación de  las causas de las protestas por la reforma de la seguridad social  en Nicaragua, es pecar de unilateralismo.  Pues los estudiosos de los movimientos sociales, como Federico Javaloy, en su libro Comportamiento Colectivo y Movimientos Sociales, señala que además de que estos están influidos por causas  multifactoriales,   estos  están revestidos de una lámina muy delgada que separa los movimientos  sociales puros de los estrictamente políticos, aunque en su accionar, uno y otro se pueden confundir; no obstante  pueden ser detectables y separados  con facilidad si se observan las siguientes características: los movimientos sociales tienden a ser espontáneos y caóticos, no forman estructuras organizacionales duraderas porque siguen a un jefe de coyuntura, muchas veces desconocidos, se mueven alrededor de  la solución de un problema y de una consigna generatriz, por lo que son más emocionales que conscientes  y son de corta duración.

En el caso de Nicaragua, las protestas se iniciaron el 18 de abril y el 22 de ese mismo mes el gobierno las revocó, pero en lugar de irse reduciendo con la revocación de la medida y el llamado a concertar, fueron creciendo y expandiéndose en núcleos sociales urbanos cerrados  en intensidad y cantidad; lo que nos hace pensar que estamos frente a un movimiento político  con varias manos con un guión preestablecido, que las financia, organiza y motiva, como la de los obispos nicaragüenses, el gobierno de Donald Trump, el senado de Estados Unidos, que recientemente aprobó fondos para promover la democracia en Cuba, Venezuela y Nicaragua y el secretario general de la OEA,  que piden a una sola voz  a Daniel Ortega adelantar elecciones.

Por otro lado, si juntamos la forma de accionar y el protocolo  de los protestantes: antifaz, exhibición de armas de fabricación casera, de guerra  y de otros calibres, uso de chamarra militar, ocupación de territorios a los que indican haber liberado, uso de artefactos caseros, difusión de rumores a través de las redes sociales, daño a la propiedad pública y privada, uso de personajes relacionados con el mundo del espectáculo, uso de los fallecidos como símbolo de lucha, manifestación de crueldad y  sadismo contra las víctimas, muchos son jóvenes arrojados que creen en una causa altruista y noble a la que se entregan de forma desinteresada, otros son pagados o provienen de bandas delincuenciales, algunas provenientes de países cercanos, similar a las acciones de violencia escenificadas en la zona de Altamira, en el este de  Caracas, concluimos que el propósito que se pretendió alcanzar  en Venezuela es el mismo que se busca conseguir en Nicaragua: emprender una revuelta popular  para deslegitimar al gobierno,  adelantar elecciones,  o forzar la renuncia del presidente Daniel Ortega y su esposa.