POR FERNANDO FERNANDEZ DUVAL

La crisis venezolana tomó nuevos ribetes a partir del 10 de este mes que apunta hacia una confrontación militar y a una definición política del proceso político; pues, la decisión de expulsar al chavismo del gobierno y terminar con la Revolución Bolivariana que se encarna en un sector mayoritario de la sociedad venezolana, fue planeada inicialmente en el gobierno de George Bush, mucho antes de la toma de posesión de Hugo Chávez, quien ganó las elecciones del 2 de febrero de 1999; se dice, incluso, que en una reunión con políticos de la derecha venezolana, presidida por el departamento de Estado, se urdió la posibilidad de atentar contra la vida del entonces presidente electo venezolano.

Cuentan que esa decisión ensanchó cuerpo en el departamento de Estado después de la reunión de la IV Cumbre de las Américas, celebrada del 4 al 5 de noviembre del 2005 en Mar del Plata, Argentina, en la que participaron los presidentes del continente americano, excluyendo a Cuba e incluyendo al rey de España y donde Hugo Chávez, junto a Néstor Kirchner, derrotaron los planes neoliberales del proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) del gobierno de Bush y luego pusieron en marcha mecanismos de integración políticos y económicos regionales, alternativos a los tradicionales controlados por los Estados Unidos.

Tiempo después, en fecha 12 de abril del 2002, el presidente Chávez fue secuestrado por militares y empresarios relacionados con Acción Democrática; en aquel momento prestó juramento en Miraflores como sucesor de Chávez, Pedro Carmona Estanga, quien era presiente de la patronal. Fracasada esa intentona golpista, en Estados Unidos se tomaron nuevas medidas económicas y políticas urgentes que no cesaron hasta el día de hoy para aislar y hacer zozobrar a la Revolución Bolivariana.

Durante la administración Obama las agencias calificadoras de riesgo bajaron el rango de los bonos venezolanos bajo el supuesto del riesgo de invertir en ese país ante la posibilidad de que se privatizara y estatizara la economía, con lo que se buscaba estimular la huida en masa de capitales y evitar la llegada de nuevas inversiones, así como también evitar que Venezuela pudiera financiar su economía y hasta pagar su propia deuda a sus acreedores internacionales, como en efecto ocurrió.

A la par con esas medidas, se fueron imponiendo otras sanciones draconianas a la economía venezolana para bloquearla del resto del mundo capitalista, al tiempo que se afectaban los precios del petróleo a través de acuerdos con Arabia Saudita y la extracción de petróleo de esquito para hacer bajar los precios en el mercado internacional y la entrada de divisa al gobierno venezolano, Irán y Rusia, principalmente.

Tras la muerte de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, asume constitucionalmente el poder Nicolás Maduro Moro, en su condición de vicepresidente de la República. En mayo de ese mismo año, Maduro es elegido por primera vez a la presidencia de la República. En ese nuevo período se intensifican las políticas de bloqueo y las sanciones contra el gobierno venezolano y algunos de sus funcionarios más destacados. La oposición se reactiva y en diciembre de 2015 participa en las elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, de la que sale victoriosa.

Desde la Asamblea Nacional se siguen gestando las acciones conspirativas, sitiando y desaprobando las iniciativas legislativas del poder Ejecutivo, lo que termina en la aprobación de una instancia para destituir a Maduro de la presidencia de la República, invocando el articulo 233 en fecha 9 de enero de 2017 con la tipificación de abandono del cargo. Al mismo tiempo, en los elegantes barrios de clase media de Caracas, pagados desde el exterior, se instruyen y se realizan las guarimbas por casi un año, buscando de esa manera movilizar a la población de los barrios de Caracas contra el gobierno para conseguir la salida intempestiva del presidente de la República.

Frente a esa decisión, demandando el artículo 348 de la Constitución de la República, el 1ero. de mayo 2017, a instancia del gobierno de Nicolás  Maduro, el Tribunal de Justicia y el Tribunal Electoral, a quienes les someten la instancia, aprueban la celebración de una Constituyente, con el objetivo de ampliar los espacios de participación de la sociedad y quitarle legalidad y legitimidad a los presuntos actos jurídicos de la Asamblea Nacional, la que deja prácticamente de seccionar, ya que en Venezuela la Constituyente es el órgano de mayor jerarquía constitucional jurídica y política. Luego, los miembros de la Asamblea Nacional se trasladan a Bogotá donde celebran algunas secciones, con el apoyo de los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, pero sin efectos jurídicos vinculantes.

El 20 de mayo de 2018 se celebraron elecciones presidenciales. Los grupos opositores más radicales no se presentaron y Maduro ganó con el 67% de los votos. El 10 de este mes, Maduro toma posesión para el nuevo mandato Constitucional para el que fue elegido en medio de intentos diplomáticos por aislarlo.

El viernes 11, un día después de la toma de posesión de Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, invocando los artículos 233, 333 y 250 de la Constitución sobre faltas absolutas del presidente de la República; y sin que la supuesta violación fuera refrendada por un juicio político en el Tribunal de Justicia, se autoproclama presidente de la República con el respaldo de Washington, de acuerdo a las declaraciones de Robert Palladino, portavoz de la diplomacia estadounidense, quien dijo:

• “Es hora  de iniciar una transición ordenada hacia un nuevo gobierno”, asegurando también que EEUU apoya el llamamiento de la  Asamblea Nacional a todos los venezolanos para trabajar juntos, de forma pacífica, la restauración de un gobierno constitucional y en la construcción de un futuro mejor”.
• También se pronunció desde los Emiratos Árabes Unidos, Mike Pompeo, secretario de Estado, y en América Latina algunos países con gobiernos de ultra derecha del denominado Grupo de Lima y el secretario general de la OEA quienes ven ahora la oportunidad de oro para sitiar, deslegitimar a Maduro y dividir territorialmente a Venezuela, para instaurar un gobierno de derecha, siguiendo el libreto de Eugene Sharp implementado en Siria a partir de 2011 con la Primavera Árabe; con lo cual se pretende intervenir militarmente a Venezuela para instalar al presidente apócrifo e intentar derrocar a Maduro.