POR FERNANDO FERNANDEZ DUVAL

Por fin, el lunes 10 de diciembre en Marrakech, Marruecos, 164 países aprobaron el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular propuesto por la ONU, a pesar del rechazo de otros países miembros, incluyendo a República Dominicana, Bulgaria, Italia, la República Checa, Australia, Israel, Estados Unidos y Chile, entre otros.

El acuerdo comenzó a tomar forma cuando Europa enfrentó la crisis de las migraciones en 2015 como consecuencia de las guerras en Siria, Argelia y Libia y la ONU convocó una conferencia para discutir el problema y buscarle soluciones. En 2016 unos 193 países firmaron la Declaración de Nueva York en la que se pedía la adopción de un pacto para las migraciones, entre los cuales estaba República Dominicana.

¿Qué causas llevaron a República Dominicana y algunos de los países rechazar finalmente el Pacto?

Por de pronto si lo tomamos por pinza, los argumentos entre los países parecen ser los mismos, pero las causas entre un país y otros son diferentes, pues unos vienen de guerras prolongadas con sus vecinos a los cuales miran con ojerizas, otros son destino de países en conflictos, o marcados por inestabilidades políticas y económicas y por hambrunas y algunos aspiran a mejorar sus condiciones de vida en el país de acogida. Las motivaciones aparentes de todos esos países son: que el Pacto obliga a los Estados firmantes a reconocer derechos de ciudadanía a los migrantes que llegan a sus territorios, con lo cual se vulnera su soberanía para diseñar e imponer sus leyes migratorias.

En el caso de la República Dominicana, las causales que obligaron al presidente de la República aislarse del Pacto fueron más bien de tipo político, movido por la manipulación mediática de los grupos ultranacionalistas y ultraderechistas que han ido ganando espacio en la opinión pública con el cuco de la supuesta invasión pacífica haitiana que viene de los tiempos de la independencia y ante la pérdida de popularidad del presidente de la República.

Sin embargo, cuando uno lee y analiza detenidamente el contenido del Pacto Migratorio, libre de prejuicio, oportunismo y prenociones científicas, entonces arriba a otras conclusiones diametralmente opuestas, como las siguientes:

Primero, el Pacto Migratorio es un entendimiento común entre las Naciones que puede abrir un punto para establecer coordinaciones, acuerdos y tratados entre los países de origen y los de destinos de la migración, así como responsabilidades compartidas y unidad de propósitos para controlar los flujos migratorios. Es un documento de 34 páginas sin ambigüedades que establece un marco de cooperación común. Se presenta en forma de 23 objetivos, cuya finalidad es gestionar mejor la migración a nivel local, nacional, regional y mundial.

Segundo, el Pacto garantiza los Derechos Humanos del inmigrante, sobre todo el que llega a otro país por la vía ilegal, cuyos derechos fundamentales le son violados consistentemente a ojos de autoridades oficiales, considerándoselo en la mayoría de los casos paria.

Tercero, el Pacto no es vinculante, ni vulnera la soberanía de los Estados para dictar sus propias leyes migratorias; lo que busca es protegerles derechos básicos, como la alimentación, el techo la  salud, la educación y la integridad física en cada una de las etapas del proceso migratorio, sin que por ello el Estado receptor se vea obligado a darle residencia permanente, ni temporal, puede incluso organizar repatriaciones a sus lugares de origen en coordinación con sus gobiernos.

Esas conclusiones se sustentan en las metas sintetizadas que copio a continuación, a saber:

Uno, mitigar los factores que impiden que las personas construyan y mantengan sus medios de vida en sus países de origen.

Dos, reducir los riesgos y vulnerabilidades a los que se enfrentan los migrantes en las diferentes etapas de la migración.

Tres, abordar las preocupaciones de los Estados y las comunidades y reconocer que las sociedades están experimentando cambios demográficos, económicos y ambientales.

Cuatro, crear condiciones que permitan a todos los inmigrantes enriquecer las sociedades a través de sus capacidades humanas, económicas y sociales, y facilitar sus contribuciones al desarrollo a nivel local nacional, regional y mundial.

República Dominicana es un pequeño país, cuya población históricamente ha tenido que emigrar hacia otras tierras como consecuencia de guerras, inestabilidades políticas y económicas, desastres naturales, orientada a la búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo, etc.

De 10 millones 500 personas, de acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, ¡insólito!, más del 20 por ciento vive en Estados Unidos y otra cantidad en Europa, principalmente en España, u otros países de América Latina; algunos en estado de ilegalidad; se estima que solo en Estados Unidos más de medio millón de dominicanos son ilegales.

Las remesas que envían esos dominicanos, legales o ilegales, a sus familiares representan todos los años un porcentaje considerable del Producto Interno Bruto. Si en la actualidad prescindiéramos de esos recursos o una parte de estos, el impacto sería catastrófico para la economía y la sociedad dominicana, pues estamos hablando de cerca de 4 mil millones dólares, por encima de nuestros sectores productivos agropecuaria e industria y arrojaría a la indigencia y a dificultades de subsistencia a las familias que dependen de dichos recursos. Esto sin tomar en cuenta por el lado contrario, en caso de que tuviéramos que expulsar a los haitianos, el aporte de su mano de obra al turismo, a la construcción y a la agropecuaria, que las hace competitiva y mantiene la seguridad alimentaria en nuestras mesas, tan cacareada por nuestros gobiernos y técnicos especialistas de la agropecuaria.

Cuando vemos esa realidad incontrovertible, notamos que el rechazo a la firma del Pacto es completamente contradictorio y contraproducente con los intereses de nuestra población migrante y con los del país en sentido general y aunque no es vinculante, porque no es ley, ni es tratado o acuerdo internacional, pues solo crea un marco de referencia general para la protección de los derechos de los emigrantes que viven en cualquier lugar del mundo. Al negarse por tanto a firmar el Pacto, el gobierno los deja a su suerte, muy diferente a otros que no lo firmaron, cuya realidad es distinta, ya que no son expulsores de población, son exclusivamente receptores, ni sus economías dependen del flujo de remesa.