POR FERNANDO FERNÁNDEZ DUVAL

Nuevamente,  después del terremoto de 2010,  Haití vuelve a ser noticia en el mundo.  Hace poco, la población se alzó para protestar contra la subida de precio de los tipos de combustibles entre 30%, 40% y 50%, principalmente el kerosene, que es el que más consume la población para el alumbrado de sus hogares.

Tan pronto el gobierno de Jovenel Moise emitió la orden para incrementar los precios de los carburantes, la población decidió  tomar desordenadamente  las calles, quemar neumáticos, disparar al aire,  incendiar comercios y oficinas públicas, vehículos y gasolineras, atacar y tomar  los barrios de clase alta y media,   convirtiendo en 72 horas a Puerto Príncipe, arropado por  la negra  humareda, en un territorio ingobernable en medio del  infierno, con lo cual se afectó  el aparato recaudatorio, las cien principales empresas industriales y comerciales reducidas prácticamente a cenizas. En suma, los efectos en la economía fueron peores que las del embargo 1990-2004 contra Jean Bertrand Aristy,  impuesto por el gobierno de Bush y la destrucción provocada por el terremoto de 2010.

El brote social que emerge de esa medida es solo una mecha que solivianta los ánimos de la población haitiana, de por si afectada estructuralmente  por las precarias condiciones económicas y sociales, pues Haití,  indudablemente es el país más pobre del hemisferio occidental, cuyas condiciones materiales de existencia se han ido desmejorando  progresivamente a raíz de las políticas neoliberales, que en la década de los noventa destruyó su agricultura, especialmente la producción de granos, de la que era autosuficiente.

Los sucesivos gobiernos que ha tenido Haití, después de la salida de los Duvalier,  fueron en su momento un paréntesis de esperanza para relanzar al país a mejor suerte, que se fueron borrando hasta terminar en fracasos, inclusive con la llegada de Juvenel Moise en 2017, que por su impronta como empresario,  que antes fue pobre como la mayoría de los muchachos de la barriada de City Soleil, donde residía en su época de mozalbete, y que luego  subió como espuma, con un reducido capital de inversión en Puerto Príncipe, también con una pequeña plantación de plátanos de 10 hectáreas en el departamento del Nordeste, una parte de la población llegó a creer que este bienaventurado podía aprovechar su experiencia de empresario exitoso que empezó con poca monta  para hacer magia y sacar con esa misma fórmula a los haitianos de la pobreza extrema en la que viven hace siglos, pero a un año de gobierno, esa esperanza se ha ido truncando, desesperando a la gente, que ha tenido como válvula de escape el exilio.

Desde el punto de vista político, la situación que se plantea con estas protestas es muy delicada, debido a que marca un punto de inflexión que decidirá el futuro democrático del gobierno de Juvenel ante la falta medios económicos para satisfacer las aspiraciones de la población.

El periódico Le Monde señala que con las manifestaciones y la toma violenta  de los barrios de clase media-alta y el centro de Puerto Príncipe, y con las posibilidades de extenderse a otras ciudades y departamentos, el gobierno de  Juvenel Moise, si se salva en los próximos días  de esta poblada,  se va a ver imposibilitado de  tomar  medidas sin el uso de la fuerza  en medio de un proceso de reajuste de su política fiscal, acompañado por el recetario del FMI, ya que ha quedado muy debilitado ante la pérdida de la precaria legitimidad con la que llegó al gobierno con una participación de apenas un 20% de la población en edad de ejercer el derecho al voto.

Hay estudios que señalan que después de  protestas con esa raigambre social, si los gobiernos no disponen de recursos de compensación para establecer zonas de equilibrio,  el uso de la fuerza se convierte entonces  en el medio idóneo para mantener la gobernabilidad en los límites de la tolerancia y es este el umbral que le espera a Juvenel Moise.