El sorpresivo suicidio del expresidente peruano Alan García con un tiro a la cabeza a las 6:34 de la mañana en fecha 17 de abril 2018, en el momento en que era requerido en su residencia en el exclusivo sector limeño de Miraflores, por un fiscal y agentes policiales, genera más preguntas que respuestas sobre la independencia de la justicia en Perú y América Latina y su papel como medio dirigido a controlar a los demás poderes del Estado y a la sociedad.

Antes en 2007, en aquel país, había sido condenado por crímenes, corrupción, usurpación de funciones, secuestro, peculado y otros delitos menores, el expresidente Alberto Fujimori y actualmente en proceso de investigación y juicio los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006) acusado de recibir 20 millones de dólares de la empresa Odebrecht y mas 4 millones de la empresa Camargo; Alan García a quien se le acusó de lavado de activos vinculado a Odebrecht-Lavajato; Ollanta Humala (2011-2016) y recientemente Pedro Pablo  Kusczynchy (2016-2018), a quien lo obligaron a dimitir, así como también a la opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva.

El mismo Alan García, que gobernó a Perú en dos períodos presidenciales, entre 1985-1990 y 2006-2011, fue acusado de haber presidido una organización criminal para beneficiar a la empresa Odebrecht, con la finalidad de que se le adjudicaran dos proyectos relacionados con el transporte, para tal efecto habría modificado el marco legal previamente establecido para ejecutar proyectos de infraestructuras por parte del Estado a través de seis decretos de urgencia y dos supremos vinculados a la ejecución del transporte masivo en Lima-Callao, por lo cual supuestamente habría recibido la suma de cinco millones de dólares, después de encabezar un gobierno (1985-1990) que dejó una profunda crisis económica, caracterizada por una hiperinflación de cerca de seis dígitos y una caída estrepitosa del PIB, que generó un elevado de desencanto de los peruanos hacia su clase política, lo cual  abrió las puertas a la elección del entonces desconocido profesor de agronomía, Alberto Fujimori.

Esas acusaciones llevaron a García a salir autoexiliado en 2001 a Colombia y posteriormente a Francia, donde se radicó, para retornar mas tarde a su país y ganar en 2006 las elecciones presidenciales. El año 2017, después de haber terminado su segundo mandato, García intentó exiliarse en la embajada de Uruguay y el gobierno de ese país le negó el exilio diplomático, obligándolo a quedarse en Perú para enfrentar los cargos de sobornos y corrupción en los casos Odebrecht que le imputaba la justicia.

Con su suicidio, algunos analistas de la política peruana y latinoamericana han comenzado a reflexionar sobre la independencia de la justicia como poder del Estado en aquel país y en países donde se han juzgado y condenado a presidentes y expresidentes. Toman como base las siguientes explicaciones:

• Primero, en el caso Odebrecht, la denuncia de soborno en América Latina es efectuada por el gobierno de Estados Unidos, después de acusar de soborno a dicha empresa en un tribunal de la Florida, donde fue condenada. Allí es que sus ejecutivos confiesan su participación en actos de sobornos a dirigentes políticos, funcionarios, legisladores y presidentes de la República en países latinoamericanos a cambio del otorgamiento de obras.
• Segundo, Odebrecht fue un caso paradigmático en América Latina, que en términos comparativos actuó de forma ventajosa con respecto a otras compañías; pues había desplazado a importantes consorcios estadounidenses en la construcción de obras públicas, independiente de los sobornos que daba a políticos, legisladores, funcionarios gubernamentales y presidentes para obtener la aprobación de jugosos contratos, la calidad de sus trabajos no ha estado bajo cuestionamiento, se dice incluso que superan en tecnología y calidad a numerosas constructoras estadounidenses que desde tiempos remotos realizan trabajos similares en la región, y que al igual que ésta, también han practicado la coima y el soborno. El problema era que Odebrecht prácticamente se estaba convirtiendo en un monopolio, puesto que se había apoderando del mercado de las construcciones estatales.
• Tercero, los casos Odebrecht y Lavajato fueron usados hábilmente por Estados Unidos, desplazando toda su capacidad de poder sobre nuestras sociedades como un arma política para desacreditar a los gobiernos de Luis Inacio Lula Da silva y Dilma Rousseff, articulando una poderosa corriente de opinión favorable a la condena de los corruptos por los casos de sobornos patrocinados por la constructora y por los cuales también la justicia brasileña condenaba a Lula y a Dilma, favoreciendo el golpe de Estado institucional contra ésta y la condena y encarcelamiento a Lula, como del mismo modo se dejaba caer la sospecha y el dedo acusador sobre los gobiernos progresistas de Ecuador, Bolivia, Argentina y Venezuela, y sobre otros no progresistas, para llevar el rebaño a su redil.
• Cuarto, en los países donde las acusaciones han prosperado y se han logrado condenas, han sido en aquellos en los cuales el modelo de justicia reformado entre la década de los noventa pasó a ser influenciado por sectores de la sociedad civil, sustrayéndoselo a la desprestigiada clase política, como son los casos de Guatemala, Brasil, Panamá y Perú.

El control de la justicia peruana por grupos de la sociedad civil se produjo antes del proceso de enjuiciamiento al expresidente Alberto Fujimori, ya que se entendía que la justicia estaba bajo la intervención de los fujimoristas y en esa situación no se podía garantizar un juicio imparcial y justo contra el expresidente y su principal asesor, Vladimiro Montesino, lo que llevó a una reforma urgente del sistema de justicia y penitenciario, con la asesoría de la embajada de Estados Unidos, la OEA y Transparencia Internacional, que mas tarde permitió, que los jueces tuvieran una mayor independencia del Poder Ejecutivo, y como efecto directo de esa reforma, la mano invisible de Washington pasó a vigilar y controlar a través de la justicia y de la sociedad civil a los gobiernos y a la clase política local, quitándoles poder al liderazgo tradicional de los partidos políticos y estableciendo controles sobre estos.

Esa reforma todavía está en pie, pues según el diario El Heraldo del 28 de julio del 2018 el presidente Martin Vizcarra, comprometido con grupos de la sociedad civil, a quien le debe el cargo, anunció que convocara  a un referéndum para crear un ente de control del Poder Judicial, la creación de una fiscalía anticorrupción, mayor transparencia en los fallos  de los tribunales y sanciones, entre otras medidas.

De manera que la aparente independencia de la justicia peruana, brasileña, guatemalteca y panameña, que tiene manos sueltas para juzgar, con total independencia y libertad, a presidentes y expresidentes de la Republica, condenarlos y encarcelarlos, es un mito tan perjudicial para la independencia y el equilibrio de los poderes del Estado, como cuando también el Ejecutivo los anula y se convierte en poder omnímodo sobre el resto de los poderes y sobre la sociedad, trascendiendo el equilibrio de poderes de Montesquieu, pues detrás de esa supuesta independencia, se esconden suprapoderes internacionales que mueven hilos invisibles para controlar y decidir acordes con sus intereses hegemónicos transnacionales.