POR JUAN CASTILLO

Director Ejecutivo de la Fundación Solidaridad, Santiago, República Dominicana.

La participación ciudadana es un derecho fundamental que debe ser garantizado en todos los procesos de desarrollo, incluyendo el ordenamiento territorial. En República Dominicana, la Constitución y la Ley de Ordenamiento Territorial establecen la importancia de este derecho, pero aún existen desafíos que deben ser abordados para garantizar su efectiva implementación.

Por participación podemos entender el proceso de intervención de la sociedad civil, individuos y grupos en decisiones y acciones que los afectan. Entendiendo que esta constituye un ejercicio de ciudadanía y democracia, pues enlaza a los individuos, y sus organizaciones, con las instancias del Estado y las políticas públicas.

La participación ciudadana debe ser vista como un derecho, una facultad de los ciudadanos de involucrarse en el quehacer social para influir en el devenir de su comunidad. También es un deber, una responsabilidad de participar en los asuntos públicos y, en adición, la misma constituye un mecanismo para ejercer de manera proactiva sus derechos y de asumir responsablemente sus deberes.

El ordenamiento territorial, según la Ley 368-22, es la política de Estado que integra instrumentos de planificación, evaluación, control y gestión participativa del uso del suelo y ocupación del territorio. Debe ser acorde a las potencialidades, limitaciones del territorio y las expectativas de la población, destacándose además que sea compatible con la conservación de los recursos naturales y objetivos de desarrollo para mejorar la calidad de vida.

La Guía Metodológica para la Formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial propone una visión a largo plazo, integrando instrumentos de planificación y gestión participativa. Esto vincula a los diversos sectores de la población hacia una organización del uso del suelo que tenga en cuenta las condiciones climáticas presentes y futuras.

El ordenamiento territorial implica la planificación y gestión del uso del suelo y la ocupación del territorio para mejorar la calidad de vida y proteger los recursos naturales.

Para fomentar la participación ciudadana y garantizar la aplicación efectiva de la Ley de Ordenamiento Territorial, se deben tomar diversas medidas:

Primero, es esencial informar y educar a la ciudadanía sobre sus derechos y responsabilidades en relación con esta legislación, a través de campañas de difusión y talleres informativos.

Además, se deben fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, tales como consultas públicas y plataformas en línea, de modo que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones y propuestas sobre proyectos de desarrollo y cambios en el uso de suelo.

De igual manera, resulta fundamental la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que, información relacionada con el ordenamiento territorial debe estar fácilmente disponible y en adición ser comprensible para la ciudadanía. En este contexto, las autoridades deben ser responsables de proporcionar información clara y oportuna.

Además, es esencial fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de los funcionarios encargados de implementar la ley. Esto garantizará que puedan ser llevados a cabo los procedimientos de manera efectiva y tomar decisiones informadas.

Por otra parte, es crucial la generación de coordinaciones y sinergias entre las diferentes entidades involucradas en el ordenamiento territorial, al igual que la colaboración entre el sector privado, la sociedad civil y el gobierno.

Se considera también que la ley debe establecer incentivos para aquellos que cumplen con sus disposiciones y sanciones para quienes no lo hacen. Esto ayudará a garantizar el cumplimiento de la normativa y promoverá el desarrollo sostenible.

La educación ambiental desde temprana edad también resulta fundamental para crear una cultura de respeto y cuidado del territorio. Por tanto, se deben desarrollar programas educativos que aborden temas de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible.

Para alcanzar el éxito de estas acciones es necesario realizar un seguimiento y evaluación continuos de la aplicación de la ley y los planes de ordenamiento territorial. Esto permitirá identificar áreas de mejora y asegurar que se implemente adecuadamente las normativas vigentes.

Por tanto, fomentar la participación ciudadana y la aplicación efectiva de la Ley de Ordenamiento Territorial en la República Dominicana requiere una combinación de medidas que promuevan la participación, fortalezcan las capacidades técnicas, fomenten la transparencia, estimulen la colaboración, implementen incentivos y sanciones, y aseguren un adecuado seguimiento y evaluación.

En conclusión, los desafíos para la participación de la ciudadanía en el ordenamiento territorial en la República Dominicana son significativos, pero no insuperables. Para lograr un desarrollo sostenible y una gestión efectiva del territorio, es esencial que las instancias relacionadas con el ordenamiento territorial, como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), los gobiernos locales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, trabajen coordinados para implementar las medidas necesarias.

La promoción de la participación ciudadana, la mejora de la transparencia, la cooperación entre los diferentes actores y la educación ambiental son elementos clave para superar estos desafíos y garantizar un ordenamiento territorial que beneficie a todos los dominicanos y dominicanas y proteja nuestros recursos naturales. Con esfuerzo y compromiso, se puede construir un futuro más sostenible y equitativo para nuestro país.