Olga Luciano

Yaniris López/Listín Diario

Olga Luciano critica con firmeza la presión que ejerce el ser humano sobre el medio ambiente, una presión que se observa en el uso y abuso que hace de los recursos naturales y en la generación de desechos que degradan la vida en la Tierra.

La experta en planificación ambiental y desarrollo sostenible apoya los estímulos e incentivos para quienes promueven la conservación del capital natural y la penalización sin distinciones para los que causan daño al medio ambiente.

Señala también que la falta de articulación de la acción ministerial e interministerial alrededor de la planificación ambiental ha generado serios problemas con la gestión de las áreas protegidas dominicanas, “donde estudios serios (…) han demostrado que cerca de la mitad de las mismas está siendo utilizadas para actividades incompatibles con la conservación”.

Ingeniera civil con estudios de posgrado en desarrollo hidroeléctrico y planificación y política económica, Luciano aceptó responder algunas preguntas para el Encuentro Verde de Listín Diario que coordina la bióloga Yvonne Arias.

¿Cuán importante es la planificación en la gestión de los recursos naturales?

Es tan importante la planificación ambiental, que quedó consignada en la Ley 64-00 General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales como el primero de los 12 instrumentos para la gestión del medio ambiente y los recursos naturales establecidos bajo dicha ley. Y varios de los demás instrumentos, como el ordenamiento territorial, la evaluación ambiental estratégica y el sistema nacional de información sobre el medio ambiente y los recursos naturales constituyen herramientas al servicio de la planificación ambiental.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las funciones generales de la planificación son: 1) la construcción de una visión estratégica o visión de país; 2) la coordinación de las acciones necesarias para alcanzar los objetivos establecidos, y 3) el monitoreo, la evaluación y la retroalimentación.

En lo que respecta a la planificación ambiental, tanto para la ley 64-00 como para la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), se trata de la incorporación de la dimensión ambiental en la planificación del desarrollo del país en los distintos niveles. De manera explícita, el artículo 13 de la ley 1-12 establece la política transversal de sostenibilidad ambiental, bajo la cual “Todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar criterios de sostenibilidad ambiental y adecuada gestión integral de riesgos”.

Siendo el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el organismo rector de la gestión del medio ambiente, de los ecosistemas y de los recursos naturales, el reglamento de la END le asignó la responsabilidad de aplicar esa política transversal, y por eso es esencial que asuma con determinación la responsabilidad que le corresponde en la construcción de la visión de país establecida en la END 2030, en lo que concierne a la sostenibilidad ambiental del país.

¿Y cuáles son las consecuencias de una mala planificación ambiental?

Son desastrosas. Para muchos autores la gestión ambiental es en esencia gestión de conflictos, porque la presión que se ejerce sobre el medio ambiente y que pone en riesgo la preservación del capital natural para las generaciones futuras proviene de todos los sectores productivos y de los asentamientos humanos. Hacemos uso y abuso de los recursos naturales, generamos desechos sólidos, líquidos y gaseosos que degradan los recursos de los cuales depende la vida en el planeta Tierra, y perdemos de vista que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano básico, consagrado por cierto en nuestra Constitución.

La función rectora del Ministerio de Medio Ambiente no puede ejercerse adecuadamente sin una articulación con todos los actores que conforman la sociedad. Los que causan daño al medio ambiente deben ser regulados y si no cumplen con las regulaciones deben ser penalizados, sin distinciones.
Los que promueven la conservación del capital natural deben recibir estímulos e incentivos para seguir haciéndolo, y juegan un papel muy importante en este respecto las organizaciones ambientalistas que en el caso de nuestro país no solamente ejercen de guardianes de la conservación, sino que contribuyen al conocimiento científico que es imprescindible para la gestión ambiental.
De todas las áreas de acción que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente, y tomando en cuenta los problemas ambientales actuales, ¿cuál o cuáles ameritan una mejor planificación?  

Pasando revista al amplio y complejo ámbito de responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de nuestro país, nos damos cuenta de que prácticamente todas las áreas han sido descuidadas, sin negar que ha habido también aciertos importantes, pero la falta de articulación de la acción ministerial e interministerial alrededor de la planificación ambiental, no sólo en el papel sino en la acción institucional cotidiana, ha generado serios problemas con la gestión de las áreas protegidas, donde estudios serios realizados por reputados académicos nacionales e internacionales han demostrado que cerca de la mitad de las mismas está siendo utilizadas para actividades incompatibles con la conservación, como se ha evidenciado en estos últimos años en algunos de nuestros parques nacionales y áreas protegidas más emblemáticos (casos de Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, laguna de Cabral, Cuevas del Pomier, etcétera).

Recordemos que para la Cepal una de las funciones generales de la planificación es el monitoreo, la evaluación y la retroalimentación. En lo que respecta al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, esa función no se ha estado ejerciendo adecuadamente, porque la vigilancia de esas áreas es sumamente precaria, no todas se gestionan con planes de manejo, como manda la ley, y el personal técnico responsable se ve indefenso ante las presiones de las fuerzas políticas y económicas que permanentemente conspiran contra ellas.

Otra importante área de problemas se refiere al Sistema Nacional de Autorizaciones Ambientales establecido al amparo de la ley 64-00, mediante el cual se otorgan los permisos y licencias ambientales que regulan las distintas acciones de desarrollo tanto del sector público como del privado. Los casos más recientes que han generado conflictos de interés importantes en el país son un indicador de que ese sistema no está funcionando conforme a lo que manda la ley. Para muestra bastan los botones de la terminal de autobuses dentro del Parque del Este en Santo Domingo Este; la autorización para la construcción de un hotel dentro del parque Cotubanamá y de un aeropuerto en la zona de Bávaro, en la región este del país, sin que se cumplieran los estándares establecidos en los reglamentos de autorización; y la construcción y operación de la central eléctrica Punta Catalina, donde el mal manejo de las cenizas que genera la quema de carbón se ha constituido en un serio problema medioambiental. A lo anterior se agregan las debilidades de recursos humanos, técnicos y logísticos de que adolece el Ministerio de Medio Ambiente para dar seguimiento a los planes de manejo y adecuación ambiental que están atados a las licencias ambientales, lo que constituye una seria amenaza para el medio ambiente y para la gestión de riesgos en el país.

Otro serio problema que no podemos dejar de mencionar es el estado de saneamiento ambiental del país, donde la falta de colecta y tratamiento de las aguas residuales, y la mala gestión de los residuos sólidos, particularmente en la disposición final, constituyen viejas asignaturas pendientes que amenazan permanentemente la salud de la población, y que hacen crisis cada vez que somos azotados por una tormenta tropical.

¿Qué papel juegan las comunidades y los gobiernos locales en la planificación ambiental para garantizar una buena gestión de los recursos naturales? ¿Se les toma en cuenta en República Dominicana?

Si se asume que la gestión ambiental es gestión de conflictos, no se concibe la planificación ni la gestión ambiental sin la participación de las comunidades y de los gobiernos locales. Pero las autoridades ambientales muchas veces actúan de espaldas a este principio elemental de gestión.
Cuando se ha incorporado a las comunidades y a los gobiernos locales, se han cosechado éxitos importantes, como lo demuestran diversos procesos de caracterización ambiental y formulación de agendas ambientales desarrollados por el Ministerio de Medio Ambiente en varias provincias del país: el proceso que resultó en la declaración por parte de la Unesco  de la Reserva de Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo, donde el grupo Jaragua jugó un papel fundamental; los procesos participativos para la gestión de cuencas internacionales compartidas con Haití, como la del río Libón y la del Artibonito, desarrollados con apoyo de la cooperación internacional; así como algunas alianzas exitosas para la gestión de áreas protegidas, entre otros. Cuando no se ha tomado en cuenta la opinión de los actores locales y nacionales, se generaron conflictos como el de la cementera que se pretendía construir en Gonzalo, en la zona de amortiguamiento del parque nacional de Los Haitises y los que se han dado alrededor de proyectos de exploración y explotación minera, entre otros.

Cabe resaltar aquí que el acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia de decisiones ambientales es un principio consagrado en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, el cual ha quedado recogido en todos los acuerdos multilaterales de medio ambiente aprobados en la misma o con posterioridad a ella, y de los cuales la República Dominicana es compromisaria.  Igualmente es importante resaltar que la participación social también quedó establecida como una política transversal de la END 2030 bajo la ley 1-12, donde se establece que “Deberá promoverse la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad.”

Bióloga Yvonne Arias.

DE INTERÉS

Perfil.  Luciano se desempeña actualmente como consultora independiente en las áreas de planificación estratégica por resultados, facilitación de procesos de diálogo de políticas para la gestión ambiental, gestión integrada del agua e incorporación de la adaptación/mitigación del cambio climático en las políticas de desarrollo.