POR ANTOLIANO PERALTA ROMERO

Ha actuado en los últimos años en la vida pública dominicana ocupando diversas posiciones de carácter administrativo, como director del IAD y asesor agrícola del Poder Ejecutivo. Por lo menos en tres ocasiones se ha desempeñado como senador de la República en representación de la próspera provincia Peravia y lo veíamos como una persona normal. Hoy descubrimos que Wilton Guerrero es un convencido de que las personas con ascendencia extranjera no merecen ser considerados como ciudadanos dominicanos con todos los derechos y prerrogativas que ello conlleva.

Recientemente el País fue testigo de una amplia discusión sobre la definición de la nacionalidad dominicana. Bastaría con referirnos al artículo 18 de la Constitución para aplastar este desacierto,  pero no consideramos de interés abrir una discusión inútil sobre esta obviedad. Lo que justifica estas notas es llamar la atención sobre el hecho de que una persona con esa mentalidad y ese convencimiento  ande legislando y creando leyes.

No se trata de justificar la condición de dominicano de un hombre nacido en República Dominicana de padres dominicanos. Entrar en ese debate sería una solemne tontería, sino advertir al País y a los votantes de que alguien con este tipo de pensamiento no merece ser legislador, pues demuestra no conocer principios elementales del fundamento constitucional dominicano.

Sabemos que el legislador Guerrero ya dio un traspié con una grave acusación que le hiciera al expresidente Hipólito Mejia, la cual luego admitió ser mentira. Pero  ni aún esta infamia supera en gravedad lo expuesto por Guerrero sobre la nacionalidad dominicana, pues según su criterio Juan Bosch y Juan Pablo Duarte no merecían ser lo que fueron por no tener sangre dominicana.

La madre de Duarte nació en El Seibo y la de Luis Abinader nació en La Vega, mientras que su padre, dominicano que honró esta nacionalidad, nació en Tamboril. Probablemente Wilton Guerrero sea una buena persona, pero no tengo dudas de que ideológicamente no está apto para crear leyes, por el bien del País.