El doctor Manuel María Mercedes responde la pregunta: ¿Cuál es la situación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha constatado en las cárceles preventivas de La Romana e Higüey?

Estamos denunciando la cárcel preventiva de Higüey, que nuestros activistas de la provincia La Altagracia han definido como una “fábrica de muertes”, ya que en los últimos tres meses se han registrado 7 muertes de internos, la mayoría por las golpizas recibidas.

Estamos denunciando que en la preventiva de Higüey lo que opera es una mafia, donde a unos prebostes las autoridades encargadas les han otorgado la administración de las cárceles, y ellos hacen y deshacen y deciden hasta la vida y la muerte de los presos, además de que controlan, en complicidad con las autoridades encargadas, el tráfico de todo objeto que entra, así como el tráfico de droga, la entrada de teléfonos celulares y la extorsión de dinero a familiares de los internos. En La Romana es igual la situación, hacinamiento, violencia, condiciones de detención infrahumanas y extorsiones a presos y familiares.

¿Entiende que la solución a los males evidenciados en esas cárceles se limita sólo a cambiar a sus autoridades?

No. Eso es lo que estamos diciendo. Las denuncias se repiten año tras año, se cambian las autoridades encargadas y después de un tiempo todo sigue igual. El procurador general de la República ha anunciado un plan de humanización del sistema carcelario, por el cual está pidiendo subvenciones a la OEA, y que prevé la construcción de nuevas cárceles. Esperamos que incluya la ampliación de las preventivas como medida urgente.

Sin embargo, esta tampoco es la solución. Hay un uso excesivo en nuestro país, y en general en toda la región, de la medida de la prisión preventiva. En las preventivas de República Dominicana hay detenidos con fianzas de mil o dos mil pesos que no tienen la forma de pagar.

El sistema de justicia alrededor de las preventivas está asfixiado por la falta de recursos, lo que implica directamente procesos judiciales más lentos y más tiempo de demora en las cárceles para los presos. En La Altagracia hay solamente cuatro abogados de la Defensoría Pública, para una población carcelaria de 2 mil privados de libertad.

¿Y cuáles son las propuestas de solución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para resolver definitivamente esos problemas?

Que se investiguen las denuncias recibidas y se sometan a la acción de la justicia los responsables, tanto civiles como militares; que se abra un registro de cada muerte que pueda ocurrir, y que se ponga a disposición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el expediente del fallecido, a fines de darle seguimiento.

Que se desmonte la práctica de nombrar y utilizar prebostes, a fines de controlar los internos, y se desmonte la mafia que se ha creado al respecto; que se implemente urgentemente el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario; que sea designado a la oficina de la Defensoría Pública de la provincia La Altagracia un adecuado número de defensores públicos, que sean suficientes para asumir la defensa de los imputados y así garantizar lo dispuesto en la Constitución.

Que al momento de conocer medidas de coerción el tribunal valore la gravedad de los procesos, y que el criterio de oportunidad pueda ser aplicado en los casos que ameriten, y que se agilicen los procesos para los internos con prisión preventiva bajo fianza, cuando la fianza es de un monto muy pequeño. Fuente: eltiempo, Higuey.