POR MIGUEL ÁNGEL CID CID

El alquimista juntó varias partes de cadáveres humanos y consiguió darle vida. Como era de esperarse, el resultado fue el nacimiento de un monstruo aterrador. La fusión de trozos cadavéricos trajo a la vida a  Frankenstein. Igual aconteció cuando unos llamados municipalistas copiaron y pegaron varias metodologías para trabajar la formulación del Presupuesto Participativo Municipal.

En efecto, la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios es un texto que al querer regular todo, atrofió lo poco que se había logrado hasta el momento. Para los fines, se consumó una alianza entre “macos y cacatas”. La componenda facilitó, que cada una de las partes refrendara las posiciones enarboladas por uno y otro actor. Estaban tan encerrados en ellos mismos, que olvidaron derogar la Ley 170-07 de Presupuesto Participativo.

Actualmente, la citada ley está en proceso de ser reformada. El panorama vislumbra que los entuertos de la 176-07 seguirán vigentes. A su pesar, con todo y que siguen ahí los mismos “expertos” anteriores, la modificación plantea una esperanza. ¡Quiera Dios! que el legislador haga caso omiso a las sugerencias mostrencas que planteen los comisionados amparados en el escudo del municipalismo especializado.

Para no pescar de imprudente, me referiré exclusivamente a uno de los ejemplos que distorsionan la práctica democrática en la Ley 176-07.

La negociación entre actores sociales y autoridades

Entre las claves del éxito del proceso de participación en Villa González (Primer municipio en hacer PPM), fue precisamente la negociación entre actores sociales y autoridades. La negociación era antecedida por las consultas ciudadanas, nadie andaba averiguando cuánto le tocaba a cada comunidad. En asambleas comunitarias se exponían las necesidades del sector, luego se clasificaban en función de la instancia del gobierno que le correspondía solucionarla o si era al sector privado.

Ya clasificadas, todos tenían claro con quien debía coordinarse la búsqueda de solución a cada necesidad, si al Gobierno Central, el Ayuntamiento o el sector privado. Al tipificar las necesidades se ordenaban por prioridad, en razón de la urgencia que ameritara cada caso.

Hecho esto, se procedía a elegir los delegados de cada zona, a estos les correspondía negociar en defensa de los intereses comunitarios. La alcaldía preparaba una propuesta centrada en los resultados de las consultas y la entregaba a cada delegado. Siendo imposible resolver todo, se escogían las necesidades más viables de acuerdo al monto presupuestario. La comunidad, representada por sus delegados, debatía frente al alcalde, el tesorero, los regidores y el director de obras,  los pro y contra de cada propuesta. Al final, nunca se impuso la voluntad del alcalde, tampoco el deseo individual de algún actor comunitario, siempre primó el interés colectivo.

De manera, que sentar las organizaciones, los munícipes y las autoridades a negociar en una misma mesa, produce un empoderamiento inquebrantable que fortalece la democracia. De ahí, que el plan de inversión anual en Villa González, nunca fue el plan del alcalde, sino el de las comunidades aliadas al gobierno local.

La negociación es contraria a la politiquería

Hablar de negociación, según los mencionados “especialistas” suena muy comercial. Es por esto que se empecinaron en borrar del texto legal el proceso de negociación, y lo sustituyeron  por un entramado técnico-burocrático imposible de concretizar. En consecuencia, a partir de la Ley 176-07, las decisiones volvieron a ser tomadas exclusivamente por el alcalde y algún funcionario que él decida incluir. Justo es aclarar, que siempre se incluye algunos de los “expertos” para que asesoren las autoridades en la forma de como manipular mejor a la gente.

Las autoridades, y la propia sociedad civil, antes que propiciar la participación, contribuyen a instrumentalizar cualquier intento serio que promueva la independencia de los líderes comunitarios. Estos sectores retrógrados creen que la gente de a pié no puede pensar por sí sola.

Enfocados en esta concepción, se valieron de la Ley 176-07 para convertir el proceso participativo municipal en un instrumento del clientelismo politiquero. Hay que reconocer que les salió muy bien, y si las comunidades no se ponen las pilas harán lo mismo ahora, cuando modifiquen la Ley 176-07.

Parece imposible recuperar el espíritu original del PPM, la herramienta de participación está demasiado retorcida. José Jáquez cree que “Es urgente, hacer un stop en el camino para evaluar las razones del deterioro y luego plantearse retomar con nuevos bríos la aplicación de la metodología. Hay que estudiar el proceso de Villa González para sacar lecciones de su éxito y del propio derrumbe que hoy vive. ¡Hay que regresar a las raíces!”.