Los comisionados que investigaron la licitación de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina concluyeron que el Gobierno debe continuar la obra para evitarle pérdidas cuantiosas al Estado y beneficiar la matriz eléctrica del país.

Tomando en consideración el costo que podría significar en términos de garantías, montos económicos y duración de la obra, la comisión recomendó analizar la continuidad o no de Odebrecht al frente, con base a una serie de requisitos que son necesarios para hacer viable tal medida. Así lo establecieron, luego de 2,500 horas de trabajo y 1,646 preguntas en 28 entrevistas, durante seis meses y 13 días.

Los nueve comisionados contrataron a la firma FTI Consulting a un costo de US$190 mil, la cual, luego de comparar el costo con otras plantas, determinó que el precio de US$1,945 millones por la obra es razonable. Basado en ese estudio, la consultora internacional determinó que Punta Catalina tiene un costo menor de aproximadamente un 6% por debajo que el de otras plantas similares de Latinoamérica.

Dijeron que no se pudo comprobar sobrevaluación en la construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina.

Según el informe ejecutivo de la comisión, la firma FTI entrevistó a 28 personas involucradas en el proceso de licitación que se hizo en el año 2013 para la construcción de la central termoeléctrica de Punta Catalina, incluyendo consultores externos y abogados que ayudaron a la CDEEE a supervisar el proceso, así como a miembros del Comité de Licitación que otorgó el contrato en el 2013 y representantes de los consorcios de construcción que participaron en el proceso.

En tal sentido, dijeron que FTI Consulting concluyó que el proceso de licitación siguió las leyes locales dominicanas y las propuestas presentadas de todos los participantes se evaluaron de manera consistente.

La comisión, presidida por monseñor Agripino Núñez Collado, argumentó que el Comité de Licitación debió tener un mejor control del proceso, y la participación de la firma Stanley Consultant fue dominante.

La comisión opinó que en futuras licitaciones, un Comité de Licitación no cuente con una mayoría de miembros que trabajen en la institución licitante para así lograr una mayor capacidad de supervisión y cuestionamiento a las acciones de su dirección.