POR MIGUEL ÁNGEL CID CID 

Por arriba estaban las instancias del gobierno central exigiendo que los ayuntamientos crearan las oficinas de información pública municipal. Por abajo había ciudadanos y líderes comunitarios pidiendo información actualizada de todo tipo. En el medio de la tortilla estaban los ayuntamientos, sin posibilidad de responder a las exigencias de unos y de otros.

El hambre por tener información veraz sobre los proyectos y las acciones de los ayuntamientos la aumentó la Ley 200-04 sobre Acceso a la Información Pública. El periodista Huchi Lora aprovechó ese marco legal y solicitó a la OPRET copia de los planos del Metro de Santo Domingo.

La petición de Luis Eduardo Lora desató un debate sobre los alcances de la mencionada Ley. Los dimes y diretes coparon los medios de comunicación del país.

Por un lado estaba Diandino Peña, el ingeniero contratista de la obra y, al mismo tiempo, Director de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte. Él alegaba que la información solicitada por Lora era de carácter estratégico. Que diseminarla ponía en peligro la seguridad del Estado. No era posible poner esa información en manos de cualquiera, etc., etc.

El periodista Lora estaba en el otro lado. Cibaeño de pura cepa, quien ante la negativa de la OPRET, insistió con más ardor en la petición. Interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo. Y remitió una instancia ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo en contra de la OPRET.

El tribunal emanó una sentencia dando ganancia de causa a Huchi Lora. Con todo, el ingeniero Diandino, creyéndose todopoderoso siguió negado, cerrado a cal y canto. Pero era más cómodo que Peña tuviera un clavo en un zapato y no la insistencia de un cibaeño. Al final tuvo que entregar la información solicitada.

La narrativa del Poder del Estado siempre clasificó la información pública como secreto de Estado. En teoría la Ley 200-04 le echó tierra a esa visión excluyente. La petición exitosa de Huchi Lora, en consecuencia, le dio carácter práctico. Fijó en los ciudadanos la idea de que podían tener acceso a la información pública.

En el ámbito local tenemos el mal ejemplo de la negación de información pública a la Dra. Amantina Gómez.

La doctora Amantina Gómez Garrido, médico y dirigente política, era la alcaldesa del municipio Villa Bisonó, Navarrete, Santiago. Pertenece a la religión de los mormones y al PLD. Poco tiempo antes de promulgarse la Ley 200-04 Gómez fue electa alcaldesa de Navarrete. Permaneció ocho años en el cargo. En los dos periodos de gobierno local la doctora Gómez se destacó, precisamente, en la violación a la Ley de Acceso a la Información Pública.

Las violaciones de la alcaldesa se cometían de manera maliciosa. En una ocasión, ante la petición de información por parte de la Unión de Juntas de Vecinos de Navarrete sucedió lo esperado. La negación de Gómez Garrido fue rotunda. Calificó a los líderes locales como un grupo de necios.

Los dirigentes respondieron al insulto mediante la vía legal. Sometieron un recurso de amparo ante el Juzgado de Paz del municipio Villa Bisonó, en contra del Ayuntamiento local. Si la sentencia favorable a los comunitarios no se hizo esperar, menos esperó la alcaldesa para desacatar el dictamen del tribunal. Fue necesario una reiteración de la sentencia por parte del juzgado, esta vez acompañada de una intimación de alguacil.

La intimación puso a la doctora Gómez de vuelta y media, como a una guinea tuerta. La cortaban y no botaba una gota de sangre. Apeló al teléfono celular, llamó a varios funcionarios y les ordenó entregar dos cajas llenas de documentos a los comunitarios. Quería atosigarlos de información a ver si dejaban de poder, escrito con J.

Otros alcaldes fueron más inteligentes. Aprovecharon la Ley 200-04 para promoverse como funcionarios cercanos a los líderes comunitarios. Ellos propiciaban que les solicitaran información. Las cedían sin dilación e, inclusive, les ayudaban a los líderes a descifrar los recursos técnicos de los informes. Con esas prácticas habilidosas adelantaban sus aspiraciones continuistas.

Pero en la actualidad no pasa ni una cosa, ni la otra. Es probable que algunos funcionarios y líderes comunitarios ni tan siquiera sepan que hay una ley que les da derecho a obtener información de las acciones del gobierno en su conjunto.

En este tiempo en que se cacarea tanto sobre la lucha anti corrupción debería ser promovida la aplicación de la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública.