Vielka Polanco directora del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CASFL).

POR MIGUEL ÁNGEL CID CID 

En caso de que las sectoriales asuman la labor de las ONGs el gasto público se dispararía. Las organizaciones de la sociedad civil realizan un trabajo cuya remuneración es pírrica. Con todo hay excepciones. El lector debe conocer una infinidad de organizaciones que reciben el dinero y no hacen nada. Pero igual las hay por montones que realizan un servicio ejemplar.

La afirmación viene a colación porque el gobierno parece decidido a eliminar las asignaciones a estas agrupaciones. En otros casos el objetivo es reducir lo que por años han recibido.

Pero la desconsideración para nada es exclusiva del país caribeño. Rogelio Gómez Hermosillo M. dijo en El Universal “La miscelánea fiscal aprobada en la Cámara de Diputados afectará el trabajo y los servicios de cientos de organizaciones de la sociedad civil (OSC)”. Esos cientos de OSC están en las comunidades más empobrecidas de México.

En el ámbito local, la llegada de Abinader al gobierno trajo amarrado una persecución contra las organizaciones sin ánimo de lucro subsidiadas. La cacería era previsible. Raro es que no suceda.  Con la instalación de un nuevo gobierno se repite la misma historia. Las autoridades alegan lo mismo. Dicen que el objetivo es sacar las agrupaciones cuyo trabajo no califica para recibir fondos públicos. En otros casos creen reciben demasiado para sus calificaciones.

Pero el propósito subyacente es todo lo contrario. Es tan sencillo como esto, sacar las que están para meter las del partido de turno.

Sin importar el gobierno, hay tres ONGs que mantienen sus privilegios impertérritos. Estas organizaciones reciben una buena dotación. Nos referimos a: Fundación Joaquín Balaguer, Fundación José Francisco Peña Gómez y Fundación Juan Bosch. Ni siquiera imaginamos cuáles son las razones que motivan las preferencias.

Montadas en esta práctica mal sana las nuevas autoridades modificaron el reglamento que rige las asignaciones de fondos públicos. A pesar de los cambios introducidos, hay organizaciones que llenan de sobra los requisitos consignados.

Pero llenar las exigencias del reglamento es insuficiente. Las decisiones indican que algo se esconde.

Vielka Polanco, encargada de evaluar las propuestas en el MEPyD, dice que las exclusiones se deben a que las organizaciones no están habilitadas en una sectorial del gobierno. Tamaño disparate. Hay ONGs cuyas líneas de acción no caben en ninguna de las sectoriales.

La negativa de Vielka está cargada de ironías. Ella conoce de sobra la labor de las organizaciones sacadas del Presupuesto. Tanto las conoce que cuando Polanco se la buscaba en el mercado de las ONGs, a estas agrupaciones era donde iba a buscar la información para justificar sus consultorías.

¿Sera que sin tener Poder absoluto ya fue obnubilada absolutamente?

Vielka y demás funcionarios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo conocen de sobra las organizaciones. Por esto resulta inexplicable que el MEPyD quiera ponérsela en china a este grupo de ONGs.

El servicio de las OGNs reporta beneficios infinitos al gobierno. Basta con citar a los lideres de Marcha Verde, los Camisas Negras de la Plaza de la Bandera, Participación Ciudadana, entre otras.

Cuando los intereses foráneos dijeron al PLD –párate ahí–. Las protestas llegaron como el viento. La tarea es desestabilizar.

O ¿Es casual que a PC le entregaran en bandeja de plata la dirección de contrataciones públicas? Medio gobierno está en manos de los activistas de esos movimientos.

Las organizaciones hoy excluidas quieren ser reguladas. Pero con transparencia. Se recuerda que fueron esas ONGs las que lucharon por derogar la Ordenanza 520 y aprobar la Ley 122-05 que rige las organizaciones sin ánimo de lucro. Son estas organizaciones las que siguen batallando por la regulación.

En suma, varias organizaciones deberían ser sacadas del presupuesto. Pero las que deberían quedarse son más. Agregar, inclusive, otras tantas.