El suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, acusado de narcotráfico y lavado de activos, en cuyo caso se menciona también al diputado Héctor Darío Féliz Féliz.

Las vinculaciones de políticos en actividades del narcotráfico sacaron a relucir debilidades en las leyes de Partidos y Electoral, falta de controles en la depuración y selección de los candidatos a cargos electivos, así como la ausencia de un seguimiento y vigilancia por parte de los organismos de inteligencia del Estado. Además, cómo el narcotráfico penetra el sistema político.

La situación se registra debido a que para que una persona sea candidato de determinado partido, las mayores exigencias giran en torno a realizarse pruebas antidoping para determinar consumo de cocaína, anfetamina, marihuana y opiáceos; un certificado de no antecedentes penales; carta de compromiso partidario y residir en la localidad representada.

Los requisitos forman parte de las disposiciones de la Ley 33-18 de Partidos y Movimientos Políticos que pide además a los postulantes estar en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos, tener un tiempo de militancia o permanencia mínimo en la organización, y no haber participado como candidato por otro partido para el mismo evento electoral.

Conforme al procedimiento, los partidos someten a la Junta Central Electoral (JCE) un expediente con los precandidatos a participar en sus procesos internos, organismo que se encarga de determinar si cumplen o no con los estatutos partidarios y la Ley 33-18.

La falta de rigidez en los requisitos de los aspirantes a cargos electivos es objeto de cuestionamientos por actores políticos a raíz del nuevo escándalo que vincula al suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, en el narcotráfico y lavado de activos, en cuyo caso se menciona también al diputado Héctor Darío Féliz Féliz.

Desde el reformismo, el diputado Máximo Castro Silverio consideró que los partidos políticos “de aquí en adelante tendrán que hacer una gran evaluación e investigación sobre los candidatos y sus representantes, tanto en la dirección de los partidos como en los cargos electivos”.

Su par, el perremeísta por San Juan, Franklin Ramírez, afirmó que se debe fortalecer más las leyes de Partidos Políticos y del Régimen Electoral para que sean incrementados los requisitos de los aspirantes a un cargo electivo.

Su colega de partido y secretaria del bufete directivo de la cámara baja, Soraya Suárez, destacó: “Estoy de acuerdo en investigar para que evitemos esto”, en referencia a las supuestas vinculaciones del diputado Féliz Féliz con el caso de narcotráfico Falcón.

“El PRM, el PRD, el Partido Reformista… todos los partidos deben depurar. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no es solo algo exclusivo del PRM”, afirmó.

El también diputado por Alianza País, José Horacio Rodríguez, planteó que si los partidos y sus dirigentes no juegan un papel más activo en el control de sus postulantes, el crimen organizado seguirá impactando el ejercicio político. “Por eso el dinero tiene que dejar de ser lo importante”, señaló en su cuenta de Twitter.

Para el exjuez del Tribunal Superior Electoral, Ramón Arístides Madera, la vinculación de políticos en actividades ilícitas obedece a que la legislación electoral dominicana adolece de falencia. Sostuvo que incide además lo costoso de las cam- pañas políticas que por demás son clientelares.

“Muchos narcotraficantes para ganar impunidad aspiran a cargos electivos, pues como son personas con poder económico tiene la capacidad de gastar dinero”, apuntó.