• A 27 días de que fuera arrestado en Miami el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Miguel Gutiérrez Díaz, el Ministerio Público se prepara para llevar a juicio por lavado de activos provenientes del narcotráfico, a la familia López Pilarte, en cuyo caso involucran también a una legisladora oficialista.

Se trata de la diputada del PRM por la circunscripción uno por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, a quien el Ministerio Público vincula junto a su esposo Miguel Arturo López Florencio (Micky López) y sus hijos Miguel Arturo López Pilarte y el regidor José Miguel López Pilarte, de pertenecer a una red. Aunque estaría implicada, la legisladora no fue incluida en la acusación, debido a que le corresponde la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Ante los aprestos, la diputada Pilarte López aseguró que no se siente avergonzada por las acusaciones en contra de su familia, las que atribuyó a una “persecución política”.

Este miércoles, antes de iniciarse la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, defendió a su familia: “Tengo la frente en alto y la seguiré teniendo porque yo, mis hijos y mi familia lo que hemos hecho es trabajar honestamente por este país”

Afirmó que el dinero en sus cuentas bancarias ha sido adquirido de forma legal y fruto de su trabajo y de los clientes de las empresas que su familia ha tenido.

• “Mi familia y yo hemos sido tremendamente azotados por el Ministerio Público. A mí me da pena y lástima sobre la actitud del Ministerio Público que ha tomado en contra de nosotros”, argumentó.

Insistió en que se siente perseguida políticamente, ya que desde que le dijeron “sí al cambio” a un hijo suyo lo comenzaron a “someter” por una persona que no identificó y a la que tildó de “bocina”.

Esa situación encontró ayer postura a lo interno del PRM en la voz de su presidente José Ignacio Paliza, quien consideró que cada persona es responsable de sus actuaciones y su recorrido personal.

“Ella pertenece a una función distinta del Poder Ejecutivo, es miembro de la Cámara de Diputados, y es propio esperar que se desarrollen los acontecimientos. Nosotros siempre tenemos una actitud responsable sobre nuestra militancia”, enfatizó.

La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, solicitó la apertura a juicio para ventilar la acusación, la que asegura contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para destruir la presunción de la inocencia de los encartados.

El 29 de junio del 2020, a días de las elecciones presidenciales y congresuales, el Ministerio Público se destapó con un allanamiento a las propiedades de Micky López, posteriormente lo sindicó de realizar junto a su esposa transacciones financieras que ascienden los RD$2,593,377,316.00.

Debido a esas investigaciones, el 20 de julio del 2020, la Oficina de Atención Permanente de La Vega impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Micky López y para sus hijos y cuñada Ada María Pilarte, el pago de RD$1,000,000, impedimento de salida del país, presentación periódica ante el Ministerio Público y la colocación de un grillete electrónico. Mientras que al empleado José Antonio Román, también implicado, se le colocó una garantía económica por RD$10,000 e impedimento de salida.

Los reportes de prensa indican que la medida de coerción contra el esposo de la diputada fue variada en diciembre pasado, por una garantía económica.

Hasta el momento la diputada no ha sido encartada por su condición de legisladora, lo que le otorga una jurisdicción privilegiada en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).