La pastora Rossy Guz­mán Sánchez, imputa­da en el caso Coral, rea­lizaba cada lunes cultos evangélicos en la expla­nada del Cuerpo de Se­guridad Presidencial, pe­ro el guardia o policía que se negaba a asistir era sancionado hasta con 10 días de prisión.

Esa era una orden dis­puesta por el mayor ge­neral Adán Cáceres, quien de acuerdo a testi­monios de miembros del Cuerpo de Ayudantes Mi­litares, llegó a trasladar personal por inasistencia a los servicios religiosos.

A esa actividad que se realizaba todos los lunes, de 10:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, y a veces hasta las 2:00, asistían casi mil perso­nas, tanto de servicio co­mo los libres.

“Si yo estaba libre ese lu­nes, tenía que asistir obli­gado al culto, porque ha­bía una lista que pasaban y el que no respondía a su nombre, era hom­bre preso. Nos citaban a la oficina ejecutiva para aplicar la sanción corres­pondiente”, narró un po­licía que pidió reserva de su nombre.

Explicó que los cultos eran organizados por la familia de la pastora, quienes cantaban ala­banzas, predicaban y te­nían su propia banda de música.

“No recuerdo ni un sal­mo. No recuerdo ni un versículo de los que se leían allí, porque no los mencionaban. Se habla­ba de cualquier cosa más que de Dios. Eran cultos vacíos. Nunca se sintió Dios en ese lugar. Era ba­jo el macaneo y nadie se podía mover de su silla”, contó un guardia.