• Santo Domingo.- Eddis Castillo, presidente de la Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida, denunció este viernes que los pacientes renales, amparados por el Seguro Semma, son víctimas de cambios en los procedimientos de cirugías vasculares, que les son indicados por sus cirujanos, quienes  saben lo que necesitan estos pacientes para realizarles los accesos vasculares, sin los cuales les resulta imposible vivir.

El funcionario de la Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida, institución que agrupa a los pacientes renales, citó como ejemplo el caso de la profesora Miguelina de los Santos, a quien su cirujano vascular le indicó una “prótesis vascular para la confección de una fístula, que conlleva varios procedimientos y el Semma no la aprobó”, enfatizó.

La Ars, al recibir la solicitud de autorización de los procedimientos urgentes que requiere la paciente y que ponen en riesgo su vida, en caso de que la fístula explote, le devolvió el expediente al cirujano indicándole como es que debe hacer la indicación de su paciente y los procedimientos que conlleva, lo cual constituye una falta de respeto a ese destacado profesional de la cirugía vascular.

• Esto significa que lo que aprueba el Semma, se hace bajo su formato, con punto y coma y si no es así, es devuelto a los especialistas de la salud.

Mientras todo esto ocurre, la paciente de Los Santos se encuentra en una situación angustiante, ansiedad, temor y el dolor que le ocasiona la fístula deteriorada que tiene, quien asegura que no puede dormir sin calmante.

Eddis Castillo, activista de los derechos de los pacientes renales, quien además es presidente de la Coalición Dominicana de Ongs por la Defensa de la Salud (CODODSALUD) entidad que agrupa a unas 16 Ongs de Alto costo, calificó como “una táctica dilatoria y estrategia maliciosa que usan las Ars, para obligar al paciente en su desesperación, a optar por pagar de sus bolsillos el procedimiento, lo cual constituye un ahorro para la Ars.”

Sobre el caso de negación de los procedimientos ha sido apoderada la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, a fin de que se hagan valer los derechos de la paciente renal, cuya vida corre peligro, debido a los trámites burocráticos de una Ars que no tiene razón de ser.