La Junta Central Electoral (JCE) conminó ayer a los dirigentes políticos y personas con aspiraciones a ser candidatos para las elecciones de 2020, a suspender en un plazo de cinco días todas las actividades proselitistas. Esta disposición afecta principalmente al gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Las actividades prohibidas por la JCE son la movilización de personas en la vía pública, ya sea mediante caminatas o marchas y caravanas en vehículos de motor; despliegue de propaganda en medios de comunicación; utilización de vallas con imágenes alusivas a candidatos en calles, carreteras y espacios públicos; así como el uso de altoparlantes emitiendo consignas alusivas a las indicadas aspiraciones personales. La decisión del pleno de la JCE se adopta en momentos en que el expresidente Leonel Fernández inició un intenso programa de visita a diferentes comunidades en busca de apoyo para sus aspiraciones presidenciales. Las dos últimas caravanas las encabezó en Los Alcarrizos el pasado domingo, y la circunscripción número tres del Distrito Nacional el domingo 10 de este mes.

En el PLD por lo menos otros cinco dirigentes han lanzado su precandidatura presidencial, entre los que se citan el presidente del Senado y secretario general de esa organización, Reinaldo Pared; Francisco Domínguez Brito y Carlos Amarante Baret. Estos dos últimos renunciaron, inclusive, como ministros de Medio Ambiente y de Interior y Policía. En tanto que el ministro de Educación afirmó que realiza un programa nacional de consultas para sus aspiraciones.

También el expresidente Hipólito Mejía anunció el pasado día 5 que a partir del próximo mes se lanzaría a las calles a promover su candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), tras considerar que “Leonel está muerto”. Además en el PRM Luis Abinader ha expresado su determinaión de volver como candidato presidencial y realiza actividades en diferentes ciudades del país y en el extranjero.

La JCE justificó su determinación en virtud de las competencias atribuidas en las leyes vigentes y en el artículo 212 de la Constitución, que establece en su párrafo IV que la institución tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación.

Advirtió que toda persona que se encuentre ejecutando las acciones prohibidas transgrede las normas vigentes destinadas a pautar los tiempos de las campañas electorales.

Igualmente incumple con las disposiciones estatutarias y reglamentarias de las organizaciones políticas a las que pertenecen, toda vez que ninguna de esas organizaciones ha declarado formalmente, a través de sus órganos estatutarios, el inicio de un período de precampaña interna que permita la selección de sus candidatos.

“El Pleno de la Junta Central Electoral ratifica, además, tal y como lo expresara en el Comunicado publicado el lunes 21 de agosto del año 2017, que los aprestos electorales manifiestos y evidentes en la vía pública y en los medios de comunicación resultan en estos momentos extemporáneos y fuera de toda la previsión legal”, expresa.

La JCE insistió en que tiene absoluta competencia reglamentaria, establecida en la Constitución y las leyes, para exigir el cese inmediato de estas actividades, sin desmedro del ejercicio de los sagrados derechos de asociación, reunión y libre expresión del pensamiento.