Las mujeres volvieron ayer a manifestarse nueva vez frente al Congreso Nacional para exigir a los legisladores la despenalización del aborto, mientras la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados se prepara para rendir un informe que castiga la interrupción del embarazo.

La comisión volvió a rendir un informe “reiterativo” de su posición durante más de una década en lo referente al castigo del aborto con tres años de prisión a quien mediante alimentos, brebajes, medicamentos, sondeos, tratamientos o por cualquier otro medio cause la interrupción del embarazo, según el diputado Henry Merán, presidente de la comisión.

En el informe se recomendó al pleno la inclusión de un eximente en el artículo 110 que plantea lo siguiente: “La interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible”.

“Aprobamos el Código Penal sin las causales como establece el artículo 37 de la Constitución de la República”, justificó Merán, al ser consultado sobre las consideraciones de la Comisión de Justicia respecto a este proyecto de ley que se inició en el Congreso en 1997, sin que haya podido ser sancionado.

Ayer martes, un grupo de representantes de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres acudió de nuevo al Congreso para exigir a los legisladores la despenalización del aborto cuando se trate de incesto o violación, en caso de que la vida de la madre esté en peligro o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.

“La penalización de la interrupción del embarazo en todas las circunstancias pone en peligro la vida y la salud de niñas y mujeres más pobres que no pueden acceder a servicios de aborto seguro”, advirtió Linabel González, de la Oficina Provincial para el Desarrollo de la Mujer de la provincia Hermanas Mirabal.