Un estudio realizado por Plan Internacional y Unicef en la región de Enriquillo destacó que el 50% de los adolescentes y jóvenes en edades de 13 y 20 años han tenido relaciones sexuales al menos una vez. De los cuales el 26% expresó haberlo hecho con una persona diez años mayor, mientras que el 11% reveló que lo hizo a cambio de dinero o cualquier otra retribución.

La investigación reveló que el 46% de mujeres en edades de 20 y 49 años estuvieron casadas o unidas antes de los 18 años y el 17% antes de los 15, en las comunidades priorizadas en las provincias Barahona, Pedernales, Baoruco e Independencia.

El estudio “Invisible bajo el sol: una mirada a la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes” evidenció que la cultura patriarcal y la desigualdad de género, se expresan en una marcada tolerancia frente a la violencia sexual, en especial frente a las mujeres.

La representante de Unicef en el país, Rosa Elcarte, calificó de “escalofriante” la situación que viven miles de niños, niñas y adolescentes especialmente en la región de Enriquillo, donde existe una gran población viviendo en condiciones de pobreza y áreas rurales.

Explotación sexual. Según el estudio en el país existen pocas estadísticas sobre los casos de explotación sexual de los menores.

En el año 2015 la Procuraduría General recibió un total de 6,741 denuncias por delitos sexuales, de las cuales 1,767 correspondieron a delitos contra menores. En el año 2017 la Procuraduría Especializada en Delitos de Alta Tecnología registró 21,000 descargas de pornografía infantil.

“La explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes es una forma grave de violencia, una violación de sus derechos y es un delito prevenible”, afirmó Silvio Minier, gerente de Programas de Plan República Dominicana.

“Aunque la situación de violencia infantil no es propia de la República Dominicana, existen en el país situaciones gravísimas que nos ponen en los peores lugares a nivel de la región”, expresó Minier.

Recomendaciones.

El estudio planteó una serie de recomendaciones como medidas preventivas en los casos de violencia infantil. Como primer punto destacó el fortalecimiento del núcleo familiar.

Asimismo señaló la importancia de la creación de oportunidades y la protección de la niñez.

Además planteó la adopción de políticas públicas de prevención, que involucren a las empresas privadas, el sector turístico, a las comunidades y a los propios adolescentes en la construcción de entornos protectores, promoviendo la reducción de la tolerancia social y aumentando la persecución penal de los autores de estos delitos.

Según el estudio, los esfuerzos deben ser sostenidos en el tiempo, aumentando su cobertura y su eficacia, e incluir la atención de los afectados.