Por Miguel Ángel Cid Cid

La pasada semana, esta columna abordó la pírrica credibilidad de los Medios de Comunicación en República Dominicana.  En esta ocasión, compartiré algunos datos sobre la “propiedad, pluralidad y diversidad de…” los Mass media criollos, la “igualdad de condiciones económicas y transparencia de la propiedad”. Para tales fines usaremos el “Análisis del Desarrollo Mediático en República Dominicana” del Colegio Dominicano de Periodistas.

Según la UNESCO, “Históricamente, en América Latina y el Caribe ha predominado un modelo comercial, por lo que la propiedad de los medios de comunicación se ha visto extremadamente concentrada en unas pocas manos. En promedio, en una parte de la región, casi la mitad de los productos y servicios de los mercados de la información y las comunicaciones de cada país son controlados por un solo proveedor”. (UNESCO 2014).

Por su parte, el CDP cree que “En ausencia de políticas estatales suficientes y claras para promover la pluralidad de los medios, es el mercado quien tradicionalmente ha determinado las reglas para el comportamiento de los medios de comunicación. Esto ha dado paso al surgimiento de oligopolios mediáticos que, en la práctica, actúan privilegiando sus intereses empresariales corporativos y obstaculizando el libre debate de las ideas y el flujo transparente de las informaciones e interés público”.

En efecto, es por esto que las leyes llamadas a regular el mercado mediático del país resultan ambiguas y confusas. Los periodistas Olivo de León y Adalberto Grullón, principales autores del estudio, establecen que los medios de comunicación “…carecen de un ordenamiento jurídico preciso que garantice la pluralidad mediática y eviten los oligopolios y los conflictos de intereses entre sus propietarios y la sociedad”.

Muy por el contrario, la constitución de la República, en su artículo 50, acápite primero prohíbe el monopolio “No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado. La creación y organización de esos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional”.

Luego de consolidados los dos oligopolios mediáticos del país, el INDOTEL estableció el concurso público para adquirir licencia para operar canales de televisión o emisoras de radio. A seguidas, el mismo organismo prohibió el otorgamiento de nuevas licencias. ¡Qué irónico!

¿Si ya no hay ofertas, a quién le aplicaran el impedimento?

Al respecto los investigadores afirman que “El concurso, aunque se concibe como un procedimiento que podría facilitar la participación de diversos grupos en la posesión de medios, llegó tarde, cuando el otorgamiento de licencias para operar canales de televisión y emisoras de radio, estaba congelado, como lo está en la actualidad. Por tanto el procedimiento carece de aplicabilidad”.

El panorama pinta un paisaje con leyes, y resoluciones que establecen límites muy vulnerables “…a quienes poseen cadenas de radio y de televisión”. Además, las diferentes instancias gubernamentales destinadas a regular la aplicación de los reglamentos y leyes “están en toda, menos en misa”.

De modo, que el Grupo Corripio y el Grupo Telemicro, los dos oligopolios mediáticos del país, están en la arena. Se les nota rozagantes, listos para subir al cuadrilátero, no sin antes, escoger ellos mismos las reglas del juego y los árbitros  que han de aplicarlas.

En una próxima entrega continuaré con el tema de la “propiedad, pluralidad y diversidad de…” los Mass media criollos.

Nota:

La publicación de la investigación está disponible en: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/  y el repositorio UNESCO de acceso abierto: www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-sp